La aplicación de un protocolo elaborado en conjunto con la DGE pretende mejorar el acceso a la educación en los contextos de encierro.
Autoridades del Servicio Penitenciario y de la Dirección General de Escuelas continúan trabajando para mejorar la educación para las personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios de la provincia.
En este sentido, la propia institución carcelaria comenzó con una serie de obras para la instalación de módulos escolares durante el receso estival en los complejos de Boulogne Sur Mer y Almafuerte para poder aumentar el número de internos estudiantes. Además, el mejoramiento y reacondicionamiento de estos espacios en el resto de las unidades carcelarias de la provincia.
Desde las Áreas de Educación, pertenecientes a la Coordinación de Tratamiento del Servicio Penitenciario, informaron que se trabaja constantemente junto con la DGE en la solución de las problemáticas que pueden generarse en estos contextos. El objetivo es favorecer la labor de la escuela dentro de las cárceles, para el proceso de enseñanza y reinserción social que llevan adelante los internos.
Nahir Otero, coordinadora de Tratamiento, expresó: “Las nuevas proyecciones que estamos llevando a cabo a nivel educativo consisten fundamentalmente en poder ampliar la capacidad de personas que participen en alguno de los cuatro niveles educativos que se ofrecen. Por este motivo, se están acondicionando los sectores e instalando nuevas aulas para que sean más las personas privadas de libertad que tengan acceso a la educación en contextos de encierro”.
Actualmente, 2.487 internos participan en alguna de las 4 modalidades ofrecidas. De la currícula total, 1.120 pertenecen a los CEBJA (primaria), 507 a los CENS (secundaria), 629 a los CCT (Centros de Capacitación para el Trabajo) y 231 se estudian alguna carrera universitaria.
Por otra parte, las autoridades informaron que la necesidad de ampliar la capacidad de los espacios educativos surge no sólo por el interés que actualmente tienen las personas privadas de libertad en completar sus estudios sino también a los programas impulsados desde la Dirección General de Escuelas y la Universidad Nacional de Cuyo.
“La nueva legislación prevé como rasgo distintivo la obligatoriedad en educación. Desde el Servicio Penitenciario, entendemos que la escuela es un espacio que permite a las personas privadas de libertad adquirir herramientas y tener nuevas oportunidades en el medio libre. La educación transforma e incluye, es por ello que creemos resulta tan importante”, sintetizó Otero.
