Se trata de un proyecto del Ejecutivo que apunta a acelerar 50% los procesos administrativos. Está destinado para ejecutar sólo reparaciones de establecimientos cuyas obras no superen los $2 millones de inversión.
Si no ocurre ningún contratiempo y el proyecto es aprobado por la Legislatura, en 2017 la Subsecretaría Infraestructura Social Básica podrá obtener la herramienta administrativa necesaria para agilizar la contratación de empresas para la reparación de escuelas de la provincia y reducir así el tiempo de inicio de las obras.
Para tal fin, el subsecretario Guillermo Carbonell se reunió hoy con la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, órgano que estudia la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca “lograr un régimen especial de contrataciones para la reparación, ampliación, mantenimiento, conservación, estudios complementarios y servicios conexos” a realizar en los establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Escuelas.
El texto de la iniciativa estipula en uno de sus artículos que podrá implementarse “el procedimiento de contratación directa para la ejecución de las obras de reparación, ampliación, instalación, mantenimiento, conservación, estudios complementarios y servicios conexos hasta $2.000.000 por cada edificio escolar, cuyo trámite de contratación podrá realizarse de forma individual o por grupo de edificios, previa invitación a tres proveedores y compulsa de precios”.
Acompañado del director de Mantenimiento y Reparaciones de Escuelas, Bernardino Rodríguez, Carbonell defendió el proyecto al que calificó de “valiosa herramienta para acelerar los procesos de adjudicación” de las reparaciones y mantenimiento que necesitan las escuelas provinciales.
“Los procesos burocráticos son muy extensos y en muchos casos tardan mucho más que el arreglo en sí”, indicó el funcionario en la reunión que se realizó en el anexo de la Legislatura. “Nos molesta tener una escuela rota por un proceso burocrático”, agregó Carbonell.
Sucede que hay muchos casos en que el Gobierno tiene los fondos para el arreglo del establecimiento, pero el proceso burocrático lleva seis meses, lo que redunda en una postergación innecesaria de los inicios de obra.
El objetivo primordial de la iniciativa, en caso de ser aprobada, apunta a reducir 50 por ciento el tiempo para concretar las mejoras en los establecimientos educativos.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza