El director general de Escuelas y parte de su gabinete atendieron las consultas de los legisladores provinciales, como así también las de padres y docentes presentes en la reunión.
La comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Baja recibió a Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas. Legisladores de distintos bloques participaron de la reunión, que había sido solicitada por diputados y diputadas para analizar la situación del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo.
Correa, acompañado por el director de Asuntos Jurídicos, Francisco Fernández; la directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia; y la directora de Educación Especial, Susana Yelachich, respondieron consultas y explicaron las acciones que desde la DGE se llevaron adelante ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el establecimiento educativo.
En ese sentido, Della Savia, indicó que luego de conocidos y denunciados los hechos, se realizó un “barrido” desde el año 2000 en adelante para constatar si existió alguna denuncia relacionada al Instituto Próvolo que hubiera ingresado a Mesa de Entradas del organismo provincial, aunque no se encontró ningún registro al respecto. “En el barrido que se hizo desde el 2000, no hubo denuncias sobre el Próvolo”, en la DGE, remarcó.
Además, señaló que para cualquier escuela es obligación denunciar un hecho de estas características. “Es una obligación legal que está fuertemente sancionada y eso no tiene nada que ver con la religión”, cualquier docente que detecte un caso, “tiene la obligación de denunciar”, expresó la directora de Educación Privada.
“El Estado debe ahora garantizar el derecho de los niños a tener oferta educativa, a seguir escolarizados, y por lo tanto, las acciones que se tomen también tendrán que ver con el avance de la causa judicial”, acotó Della Savia.
Asimismo, los funcionarios dijeron que inmediatamente conocido el caso se solicitó a la justicia la prohibición de acercamiento de la orden religiosa con los alumnos del instituto. A su vez, de manera preventiva, se decidió que la supervisión correspondiente se instalara en la institución hasta el final del ciclo lectivo y se conformó un equipo de contingencia “ante los casos que pudieran surgir espontáneamente”.
En el transcurso de la reunión se hicieron presentes algunos padres y docentes del instituto Próvolo, quienes expresaron su posición en relación a los hechos que se investigan, como así también el defensor de Personas con Discapacidad, Juan Carlos González.
Néstor Parés, presidente de Diputados informó que “las dudas de los legisladores fueron evacuadas” y sumó que “también se escuchó a algunos padres de niños que concurren al instituto y a docentes que expresaron su posición”.
En el mismo sentido lo hizo el diputado Lautaro Jiménez (FIT), quien destacó que “según el barrido de los ingresos de las distintas mesas de entrada (de la DGE), no hubo ninguna denuncia desde el 2000 a la actualidad” relacionadas con esta institución.
En esa línea, el legislador del FIT pidió a las autoridades de la Dirección General de Escuelas informe cuántas escuelas en Mendoza están bajo la órbita de la Iglesia Católica y cuántos cargos subvenciona la provincia a la Iglesia.
En tanto, Sonia Carmona (FPV) sugirió al Defensor de Personas con Discapacidad, trabajar para ver si es necesario modificar la legislación vigente en cuanto a los controles, para darle al Estado mejores herramientas en este sentido.
Asistieron también Beatriz Varela, Analía Jaime, César Biffi, Gabriel Balsells Miró (UCR), Sonia Carmona, Daniel Rueda (PJ), Lautaro Jiménez y Héctor Fresina (FIT).
Fuente: Prensa DGE
